El secretario de Derechos Humanos bonaerense, Jorge Taiana, pegó duro a jueces y fiscales: “Una de las causas principales que inciden en la consagración de la impunidad (del delito de tortura) es la desnaturalización de los tipos penales y sus consecuencias”.

“Sobre un total de 3013 causas cuyas carátulas refieren a los delitos de torturas y apremios ilegales, 3010 corresponden a apremios y sólo 3 a torturas”, señala el informe preliminar “El tratamiento de la tortura en el sistema penal de la provincia de Buenos Aires”, elaborado en el marco del Programa Provincial de Prevención de la Tortura. El informe fue realizado sobre la base de un relevamiento de la Procuración General ante la Suprema Corte de 3013 causas radicadas en 12 departamentos judiciales. La muestra, significativa, se obtuvo buscando los delitos en la carátula, lo que sin dudas dejó de lado varias causas caratuladas con otra denominación pero en las que se investigan estos delitos.

De la muestra de 3013 casos, 1062 se encuentran en investigación y sólo 30 de los restantes 1951 fueron elevados a juicio. Esto significa que en 1921 casos se estimó que no había mérito para acusar. En síntesis, sólo el 1,5 por ciento de las causas que se iniciaron se elevaron a juicio. Y los únicos tres casos de torturas fueron archivados.

El trabajo critica la acción de fiscales y jueces. “Los números reflejan la prácticamente nula respuesta del sistema penal ante los casos de torturas y apremios; ello, sin dudas, contribuye a la impunidad de estos casos, fenómeno que retroalimenta la ocurrencia de nuevos casos”, denuncia.

Pero sobre todo, la crítica se dirige a la calificación de “apremios ilegales” de casos que se refieren a claros hechos de tortura, lo que baja la pena dispuesta para los autores del crimen, les otorga la posibilidad de la excarcelación y priva de justicia a las víctimas.

“La desnaturalización de las figuras penales resulta alarmante; en ese sentido debe remarcarse una utilización generalizada de la figura de apremios para encuadrar conductas que claramente caen bajo la órbita de tortura; baste mencionar entre estos casos, la reciente tipificación de prácticas como el ‘submarino seco’ como apremios ilegales o la tipificación como homicidio culposo de un hecho de torturas seguido de muerte”, advierte el documento.

Y sigue: “Los números son por demás elocuentes respecto de esta práctica: el 99,9 por ciento de las causas que se inician se tipifican como apremios y las restantes como torturas”.

Según el Código Penal, los apremios ilegales se producen cuando un funcionario público priva de su libertad, veja o aplica severidades a una persona, al margen de la ley y con abuso de sus atribuciones. La tortura se diferencia del apremio por la gravedad del vejamen y puede ser física y psíquica.

El informe también advierte que la tipificación como apremios ilegales de hechos que no lo son impide la investigación de los delitos de “omisión de denuncia” y de “falta de debida diligencia”. “La correcta aplicación de estas figuras permitiría establecer la responsabilidad, por ejemplo, por no haber actuado evitando la ocurrencia de torturas en comisarías o cárceles, del titular de la comisaría o el director del penal en su caso”, señala.

El informe preliminar concluye con recomendaciones: realizar un relevamiento cualitativo de las causas para poner en evidencia la desnaturalización de los tipos penales; un plan de capacitación para magistrados, fiscales, defensores oficiales, abogados y funcionarios judiciales; fortalecer la importancia del juez de garantías en el encuadramiento de los delitos; modificar el mecanismo de revisión médica de las víctimas para garantizar una correcta producción de pruebas; y la creación de un cuerpo especial de fiscales para la investigación de apremios ilegales y torturas y de los delitos de “omisión de denuncia” y de “debida deligencia”.