El año 2002 mostró avances y retrocesos en el orden de los derechos reproductivos. La Corte Suprema de Justicia prohibió en marzo la "píldora del día después" y una jueza civil declaró inconstitucional la Ley de Salud Reproductiva vigente en la ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, luego de haber dormido en algún cajón durante tres años, finalmente el 30 de octubre se sancionó el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable.

La nueva normativa implica que por primera vez en la Argentina el presupuesto deberá incluir una partida destinada a un programa de Educación Sexual, prevención de enfermedades de trasmisión sexual y cáncer genito-mamario. También la distribución gratuita de anticonceptivos (de carácter reversible, no abortivos y transitorios) en todo el país.

Los objetivos principales del programa son: proteger la salud de las mujeres, disminuir la morbimortalidad materno infantil, prevenir embarazos no deseados, contribuir a la detección de enfermedades de trasmisión sexual —entre ellas el VIH-Sida— y garantizar a toda la población el acceso a la información, métodos y prestaciones de servicio referidos a la salud sexual y procreación responsable.

Estos objetivos deberán ser llevados adelante por el Ministerio de Salud en coordinación con los Ministerios de Educación, de Desarrollo Social y de Medio Ambiente, quienes tendrán a cargo la capacitación de educadores, trabajadores sociales y demás operadores comunitarios.

El proyecto que finalmente se convirtió en ley, presentado por los diputados Juan Pablo Cafiero y Luis Flores Allende, sufrió —debido a las presiones de la Iglesia Católica— cambios sustanciales con respecto al proyecto original.

Dentro de los aspectos negativos o que imponen restricciones para la aplicación de la ley figuran: que para las instituciones educativas privadas no será obligatorio brindar educación sexual y que al no ser enumerados los métodos anticonceptivos que deben suministrarse, se deja abierta la posibilidad a que médicos excluyan alguno —como puede ser el DIU— de acuerdo a sus convicciones religiosas. (La Organización Mundial de la Salud al contrario de la Iglesia Católica no considera abortivo el DIU).

El paso siguiente será la reglamentación de la ley que se dará en el marco de la Mesa de Diálogo Argentina —en la que tiene una importante participación la cúpula eclesiástica—. La incorporación de limitaciones para su aplicación dependerá de la relevancia que tome el debate de este tema en la opinión pública. Es decir, acerca de la necesidad de contar con un Programa de Salud Reproductiva destinado a la población en general y que implique un acceso igualitario a los métodos anticonceptivos y a la educación sexual.

Uruguay: a un paso de la legalización del aborto

"Tras esos rótulos engañosos se esconde la intención de despenalizar y hasta legalizar el aborto". Mientras los voceros del Episcopado Argentino expresan su disgusto acerca de la sanción Ley de Salud Sexual y Procreación Responsable, y abren el paraguas por si a alguna mente perversa se le ocurre avanzar en el debate acerca de la principal causa de muerte de las mujeres; muchos argentinos ven con buenos ojos que Uruguay, a partir de la media sanción a la ley que despenaliza el aborto, pueda convertirse en el primer país Sudamericano en legalizar la interrupción del embarazo.

Luego de tres días de intensas discusiones y tras una ajustada votación, el 10 de diciembre la Cámara de Diputados uruguaya dio media sanción a una amplia ley que despenaliza el aborto hasta el tercer mes de gestación.

Esta ley también obliga al Estado a desarrollar programas de Salud Reproductiva con entrega gratuita de anticonceptivos.

Al igual que en la Argentina la Iglesia Católica ejerció su presión para que la ley no fuera aprobada. Sin embargo, el respaldo del gremio médico que expresó que "no estaban dispuestos a seguir aceptando que las mujeres llegaran al hospital para morir" y la amplia adhesión de la opinión pública a la iniciativa, lograron sortear las resistencias.

Uno de los aspectos para destacar es que este proyecto surgió del movimiento feminista uruguayo pero se consensuó y articuló con otros movimientos sociales. Esto contribuyó para que el debate se instalara en la opinión pública.

De ser aprobada —tras pasar la prueba del Senado— la ley beneficiará a las ciudadanas uruguayas o a quienes acrediten un año de residencia en el Uruguay.

En clara manifestación porque Argentina siga el ejemplo del país vecino, Marta Rosemberg, psicoanalista y presidenta del Foro de Derechos Reproductivos manifestó que "Uruguay se afirma como el Estado laico y democrático que es".

"En nuestro país mueren entre una y dos mujeres por día en abortos clandestinos, cuando eso sucede, el único dilema moral es hacer lo posible para salvar la vida de esas mujeres. Las leyes represivas del derecho al aborto no sólo producen muertes, ni siquiera evitan que se practique", opinó Zulema Palma, investigadora del Conicet en el Instituto Gino Germani.