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Espacio Abierto
Edición
digital
Salió
el decreto que pone en marcha
el Programa de Prevención de la Tortura
Y
sólo queda un año
Consejo
Editorial
"Es un objetivo prioritario del
Gobierno provincial la promoción y protección de los derechos
humanos”, dice en sus considerandos el decreto provincial 1404/02,
que finalmente puso en marcha el Programa Provincial de Prevención de
la Tortura. Dado que es una política de gobierno y no de Estado, se
ejecutará sólo hasta el último día de gestión de Solá, en
diciembre de 2003.
El Programa aparece en momentos en que las denuncias por tortura en
cárceles y comisarías de la provincia siguen incrementándose y
suman más de 1400 en los últimos dos años y medio, según el Banco
de Datos de la Defensoría de Casación Penal.
La iniciativa es promovida por la Secretaría de Derechos Humanos
bonaerense, cuyo titular es el licenciado Jorge Taiana. La
implementación estará a cargo de un Consejo Consultivo, presidido
por Taiana e integrado además por el subsecretario de Planificación
y Logística del Ministerio de Seguridad, Marcelo Sain; la
subsecretaria de Minoridad del Ministerio de Desarrollo Humano y
Trabajo, Cristina Tabolaro; y el subsecretario del Ministerio de
Gobierno, Roberto Pereya.
“Se invita a la Honorable Legislatura, a la Suprema Corte de
Justicia y a los órganos del Ministerio Público y la Comunidad a
prestar su colaboración activa”, dice el artículo 4 del decreto,
que tiene fecha 14 de junio.
El artículo 3 le otorga preeminencia: “Los organismos del Poder
Ejecutivo deberán atribuir atención preferencial a los
requerimientos que se les efectúen en el cumplimiento de los
objetivos del Programa”.
El decreto cuenta con un anexo explicativo de los objetivos y forma de
organización. El Programa, dice, tiene como propósito “proponer,
implementar y ejecutar políticas y acciones que tengan por objeto
fomentar, en cuanto a lo que a la responsabilidad del Estado refiere,
la vigencia del derecho a la integridad personal y al trato humano en
todo el territorio de la provincia de Buenos Aires”.
El primero de los objetivos generales es “incidir en la formación,
capacitación y concientización de la importancia de conocer,
respetar y garantizar el derecho a la integridad, en particular en la
actuación de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley”.
Es decir, policías, penitenciarios y trabajadores de los institutos
de menores.
El resto de los objetivos tiene que ver con la investigación y
sanción de los casos de tortura y malos tratos, la proposición de
modificaciones normativas —en este marco se instaura la propuesta de
Taiana de modificar la ley de excarcelaciones que ha producido la
explosión poblacional en las cárceles bonaerenses—, y la
facilitación del acceso a la información a la sociedad en materia de
alojamiento de personas privadas de la libertad y sobre los casos
denunciados y la acción estatal en la materia.
Para el cumplimiento de estos objetivos, el Programa se divide en
cinco áreas de trabajo:
Promoción: capacitación en derechos humanos a los agentes del
Estado.
Seguimiento: prevención de casos de tortura y malos tratos,
recepción de denuncias y recopilación de información.
Investigación: análisis de causas judiciales y sumarios
administrativos, y proposición de modificaciones en prácticas
judiciales y administrativas que afecten el derecho a la
integridad.
Reformas estructurales: modificación de la normativa vigente y
de procedimientos, y reorganización de las dependencias relacionadas
con la aprehensión y custodia de personas.
Transparencia y control: realización de informes públicos y
facilitación de acceso a la comunidad.
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