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Las consecuencias penales del Juicio por la Verdad

El camino del Juicio y Castigo empieza en La Plata
Ya son más de 30 las causas penales surgidas del Juicio por la Verdad, entre las que se destaca el reciente pedido de nulidad de las leyes de impunidad en el caso Favero.

Por Francisco Martínez (*)

Santiago Antonini, arrestado por privación ilegal de la libertad (Foto: FM)

Uno de los objetos del Juicio por la Verdad, se dijo desde el primer momento, es la acumulación de pruebas de las violaciones a los Derechos Humanos cometidas en la última dictadura. El proceso, a cuatro años de iniciadas las audiencias orales y públicas en la Cámara Federal, lentamente comienza a dar sus frutos.

Con dispares resultados, ya son 32 las causas penales derivadas del Juicio por la Verdad, que incluyen denuncias por falso testimonio, en su mayoría, y otras por privación ilegal de la libertad, tormentos y desaparición forzada de personas.

Entre todas ellas se destaca la denuncia presentada por el fiscal delegado, Félix Crous, quien junto a otros dos colegas del fuero federal pidió la invalidez e inconstitucionalidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. La solicitud se realizó en el Caso Favero, del que Espacio Abierto informó en marzo pasado que ya estaban listos para ser juzgados los hechos y los nombres.

En efecto, fue probado en el Juicio por la Verdad que los ex policías Raúl Machuca y Mario Sita, y el aún en actividad suboficial Julio Argüello, propiciaron la desaparición forzada de Daniel Favero y María Paula Alvarez el 24 de junio de 1977.

La denuncia fue efectuada ante el juez Arnaldo Corazza, quien se declaró incompetente alegando que, al igual que lo que pasó con la "causa Camps" en 1985, estos delitos debían ser investigados en Buenos Aires.

El fiscal apeló la resolución, al mismo tiempo que la APDH La Plata se presentó y fue tenida como parte querellante en el proceso. 

Al cierre de esta edición, el expediente ingresaba a la Cámara Federal, quien deberá resolver la competencia. En otra denuncia anterior, la denominada "causa Etchecolatz" que incluía 14 delitos probados en el Juicio por la Verdad, el resultado fue amargo: la sala I del Tribunal dijo que la competencia era de Buenos Aires y el expediente se fue a un juzgado que queda a más de 50 kilómetros de donde ocurrieron los hechos.

Nilsson, un policía en actividad, negó la felicitación de Camps (Foto: FM)

Las otras denuncias

En julio, las audiencias del Juicio por la Verdad revelaron el rol de un grupo represor que operaba en La Plata y que estaba compuesto por cinco oficiales de la Brigada de Investigaciones: Santiago Antonini, Enrique Nilsson, Vicente Trédicce, José Damato y Hugo Batillana.

Los cinco desfilaron por los tribunales y se empecinaron en negar haber recibido una felicitación del coronel Camps que los ascendía de grado "por mérito extraodinario" tras haber "eliminado de la sociedad a elementos extremadamente peligrosos". Con sus legajos policiales en la mano, que comprobaban documentalmente esa felicitación, la Cámara le inició un proceso por falso testimonio a Nilsson, Trédice y Damato. Batillana zafó, ya que cuando declaró no se tuvo en cuenta esa prueba documental.

Antonini, por su lado, la pasó peor. La abuela María Isabel Chorobik de Mariani lo reconoció como uno de los integrantes de una patota que ingresó en su casa en diciembre de 1976, un par de semanas después de que desapareciera su nieta Clara Anahí. Así, el represor fue denunciado por privación ilegal de la libertad.

El 17 de julio un militar que cumplió servicios en el Distrito La Plata fue denunciado por falso testimonio. Hugo Altieri, quien fuera superior del conscripto desaparecido Atilio César Martínez, brindó una explicación forzada de los hechos que condujeron al secuestro del colimba.

La causa contra Ferreyro, iniciada en diciembre, se fue a Capital (Foto: FM)

A estas denuncias se suman otras efectuadas meses atrás: la causa penal contra el represor de la Brigada de San Justo, Rubén Lavallén; la denuncia contra el ex policía Miguel Angel Ferreyro, represor de la Brigada de Avellaneda reconocido por una de sus víctimas; y otros hechos que la Cámara fue constatando a lo largo de las audiencias y poniendo en conocimiento del fiscal.

Como la Cámara se autoexcluyó en la investigación penal de los hechos, limitándose sólo a la Verdad, cada vez que se denunciaban delitos de lesa humanidad, el fiscal fue abriendo expedientes.

Así se llegó a la más de treintena de expedientes que hay ahora. Y que cobrarían un buen impulso en caso de que el expediente Favero-Alvarez se quede en La Plata.

En la apelación a la incompetencia alegada por el juez Corazza, el fiscal Crous dio una explicación sencilla y contundente: "En el circuito de La Plata viven las víctimas y victimarios, a pocas cuadras de la sede de los Tribunales está el escenario de los hechos".

Para no repetir el error de 1985, que dejó entonces a muchos platenses sin poder ver las imagenes que ilustran estas páginas, bien vale recordar que el camino del Juicio y Castigo puede y debe comenzar en La Plata.

(*) Secretaria de Prensa de la APDH La Plata

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