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Espacio Abierto
Edición
digital
Judicialización
de la protesta
La
víctima como victimario
Marina Schifrin fue condenada por la justicia federal
por participar en un corte de ruta. «El fiscal y el juez parecían un
único rol acusador», sostuvo la docente, que acaba de apelar a la
Corte Suprema.
Por Vanina Wiman (*)
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"La única forma
legítima y verificable de la expresión soberana del pueblo es el
sufragio (…). Otros tipos de presunta expresión de la voluntad
popular, distintos del sufragio (tales como reuniones multitudinarias
en una plaza o lugares públicos, encuestas, huelgas u otros medios de
acción directa, vayan o no acompañadas por las armas, etc.), no
reflejan realmente la opinión mayoritaria del pueblo, sino a lo sumo
la de un grupo sedicioso". Este párrafo no fue escrito durante
la última dictadura. Es una de las citas que la Sala I de la Cámara
Nacional de Casación Penal utilizó, en julio de este año, para
redactar el fallo que confirmó la condena de la docente Marina
Schifrin por participar en un corte de ruta en Bariloche (Río Negro).
El 21 de marzo de 1997 se realizó una manifestación en el puente del
arroyo Ñireco, en la entrada de la ciudad. Docentes, padres y alumnos
reclamaban por la educación pública y en contra de una reducción
salarial impuesta por el gobierno provincial. La protesta duró 90
minutos y culminó con la promesa del intendente local de llevar el
pedido al gobernador Pablo Verani.
Cinco años después, la Cámara de Casación consideró que Schifrin,
al participar del corte de ruta, atentó contra "la organización
social y política de nuestro país" y encarnó "la idea de
hacer justicia por mano propia".
Así, los camaristas confirmaron el fallo que, en septiembre de 2001,
firmó el juez federal barilochense Leónidas Moldes. Allí,
sentenciaba a Schifrin a tres meses de prisión en suspenso e
inhabilitación para participar en manifestaciones públicas de más
de diez personas por el plazo de dos años.
"El juicio fue terrible: el fiscal y el juez parecían tener un
único rol acusador. No dejaron entrar al público y a los periodistas
no los dejaron grabar", contó a Espacio Abierto la docente, que
a principios de agosto presentó -acompañada por abogados de la CTA,
el CELS, la Correpi y la Asociación Ex Detenidos Desaparecidos- una
apelación a la sentencia ante la Corte Suprema.
"Las preguntas estaban orientadas a hacerme ver como la
organizadora", señala Schifrin, y añade que el único testigo
que finalmente sostuvo esa hipótesis "fue un gendarme que
trabajaba en Inteligencia y que estaba en el corte marcando
gente".
La prueba fundamental de la fiscalía en contra de la docente es un
video que tomó el canal de televisión local y que fue exhibido
durante el juicio. "Me encantó verlo, aunque lo pasaran para
incriminarme. Me pareció un hermoso documental", recuerda
Schifrin sonriendo.
La profesora de matemáticas -que además es miembro de la Corriente
de Militantes por los Derechos Humanos y de la Unión de Trabajadores
de la Educación de Río Negro (Unter)- fue la única condenada, entre
un grupo de nueve procesados. Los demás pidieron
"probation" y no fueron a juicio.
"El gremio recomendaba que la pidamos, aunque dijo que iba a
respaldar todas las posiciones", cuenta Schifrin, y agrega:
"A mí me pareció que daba para pelear, aunque valoro y entiendo
la decisión de los demás. Eso sí: quedé medio sola. Me hubiera
gustado que fuéramos más".
La docente resolvió no apelar a la "probation", pues
consideró que "fue creada para que, cuando la gente hace cosas
que no son tan jodidas, puede reparar a la sociedad. Es una
herramienta buena, pero no para este caso. No me parecía que nos
encuadráramos en reparar a la sociedad, sino todo lo contrario: ellos
nos tenían que reparar a nosotros".
Este caso se convierte en un paradigma más de la judicialización de
la protesta como método para acallar los reclamos sociales.
"Hubo una clara persecución ideológica", asegura hoy
Schifrin. "El día del juicio había como 40 efectivos, entre
Gendarmería y la policía de Río Negro. Y desde adentro del juzgado
sacaban fotos y filmaban a la gente que estaba afuera", señala.
El apoyo que tuvo la profesora por parte de la comunidad barilochense
fue fundamental para difundir el caso. "Yo no sabía que iba a
venir tanta gente al juzgado. En un momento hubo como 400 personas en
la puerta. Y eso también ratifica que mi decisión estuvo bien".
"Además -expresa- con la solidaridad de la gente se reflotó
toda la lucha, porque el reclamo por la escuela pública sigue más
vigente que nunca".
Justamente, la defensa de Marina Schifrin argumentó que hay ciertos
derechos constitucionales -como el derecho a la educación pública y
a peticionar a las autoridades- que en ocasiones deben prevalecer
sobre el derecho al libre tránsito, pues se trata de garantías que
apuntan a la protección de los más básicos derechos económicos y
sociales.
No obstante, ni el juez Moldes ni la Cámara de Casación lo
entendieron así. "Son mentalidades muy obtusas -apunta la
docente-. Para ellos, 'el que entorpeciere o estorbare el tránsito'
va a prisión. Se quedan en la letra porque les conviene. No tienen
muchos argumentos, sólo poder".
"Incluso el fiscal no pidió prisión en suspenso, sino prisión.
Pero cuando lo hacía, no me podía mirar a los ojos porque sabía que
esto era persecución ideológica", cuenta Schifrin, que además
estuvo a punto de ser embargada por $10.000: "No lo iban a poder
hacer porque no tengo esos bienes. Pero estaba firmado por los jueces,
fue una apretada terrible".
Esta no fue la única intimidación que sufrió la docente durante
todo el proceso: "Por ejemplo, para notificarme de que iba a
juicio, apareció en mi casa un jeep con cuatro gendarmes -recuerda-.
Me dolió mucho que le afectara a mi familia, a mis hijos".
"Pero no me arrepiento de lo que hice -destaca Schifrin-. Los
requerimientos de participar te van llevando a situaciones a las que
no me voy a negar aunque haya una justicia tan represiva".
Y agrega: "Me parece que desde el campo popular tenemos que ser
menos previsibles y salirnos del cálculo que tenga el poder. Porque
en cuanto se la peleás, a los tipos los empezás a desarmar".
Parte de esa pelea implicó hacerle llegar su caso a Robert Goldman,
el representante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH) que visitó nuestro país el último agosto. "Si esto no
sale bien en la Corte Suprema, iremos ahí", afirma Schifrin.
Aún no le corre la sentencia de Moldes, pues la condena no está
firme mientras se esté apelando. "Por ahora estoy más libre que
si hubiera pedido la "probation"", ironiza.
Pero la docente barilochense hace hincapié en que es necesario
enfrentar la judicialización de la protesta "desde la unidad del
campo popular".
"Hoy en cada corte de ruta se está procesando a tres o cuatro
personas. Es gente humilde a la que no le van a dar la posibilidad de
"probation" y que no tiene asesoramiento jurídico -advierte
Schifrin-. Y esa gente hoy está desamparada".
(*) Prosecretaria de Prensa de la APDH La Plata
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