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Espacio Abierto
Edición digital
La
eliminación de menores en
el norte del Gran Buenos Aires
Con
la mira en la villa
La Procuración General de la Suprema Corte realizó un informe
con cinco casos de menores muertos por disparos de la Policía. Todos ocurrieron
en la misma zona, participaron los mismos policías, las víctimas son
indigentes y las investigaciones tienen las mismas irregularidades.
Por Lucas Miguel (*)
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La Procuración General de la
Suprema Corte bonaerense inició una investigación sobre casos de menores
muertos a manos de la Policía en la zona norte del Gran Buenos Aires, en los
que participaron efectivos del Comando de Patrullas de Tigre y de la comisaría
de Don Torcuato (3° de Tigre).
Espacio Abierto accedió a cinco de esos casos, volcados en el «Primer informe
en la investigación realizada sobre menores en los departamentos judiciales de
San Isidro y San Martín». Las muertes se produjeron entre mayo de 2000 y enero
de 2002 y tienen varios denominadores comunes: participan policías de una misma
zona, hay gruesas irregularidades en las investigaciones y las víctimas son
indigentes, con numerosas entradas en las comisarías del lugar.
A este panorama se agrega la sospecha de los investigadores de que policías
bonaerenses realizan una «limpieza social» para garantizar la seguridad de los
vecinos, que pagarían una cuota mensual a una empresa de seguridad privada,
vinculada a los mismos efectivos.
Caso Ríos
José Guillermo Ríos, de 16 años, murió el 14 de mayo de 2000 en un supuesto
enfrentamiento con el sargento 1° Marcelo Anselmo Puyo y el sargento Hugo
Alberto Cáceres, de la Policía bonaerense. El joven tenía un tiro en la
cabeza y dos en el pecho.
Los policías relataron que, mientras recorrían las calles de Trigre en auto, Ríos
y otra persona se les cruzaron en el camino y dispararon contra el parabrisas.
Contaron también que se bajaron del automóvil y enfrentaron a los ladrones,
que corrieron a refugiarse en un taller.
Siempre según la versión de los policías, mantuvieron un enfrentamiento a
tiros dentro del taller, en el que murió Ríos. La otra persona pudo
fugarse.
El informe de la Procuración señala: «Se dice que los policías que lo
amenazaban (a Ríos) fueron los que lo mataron».
En el caso intervinieron en un principio los fiscales de Tigre Broyad y García,
que después de tres meses remitieron la causa a la fiscalía de Mirabelli, de
la UFI N°1 de San Isidro.
Durante la investigación, las pericias determinaron que las dos pistolas 9 milímetros
de los policías estaban "aptas para el disparo", mientras que
"el pistolón 32 encontrado al lado del menor no es apto para el
disparo".
La Procuración realiza en el informe una reseña de las irregularidades
cometidas por la instrucción. Indica que "la pericia sobre las ropas para
determinar signos de disparo próximo recién fueron ordenadas por el Dr.
Mirabelli con fecha 14 de enero del corriente año", es decir, 20 meses
después de ocurrida la muerte. Además, las pericias en el automóvil de Cáceres
se realizaron al año y no existen constancias de peritajes a los vehículos que
se encontraban en el taller donde ocurrió el supuesto tiroteo.
Tampoco se realizó la prueba de parafina para determinar si el joven efectuó
disparos, ni se comprobó cuál fue el arma que disparó las balas que
ocasionaron su muerte, ni se realizó "un croquis completo en el que
consten numeradas las distintas vainas servidas, elemento fundamental para saber
las posiciones de los uniformados y del menor", señala el informe. Y
sigue: "Llama la atención la tardanza de los fiscales de Tigre en remitir
la investigación a las fiscalías de San Isidro (tres meses)".
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Un ministro turbado
"Les vamos a
cortar la cabeza"
El 11 de marzo, después de que se conociera públicamente el informe de la Procuración, el máximo implicado en la matanza de menores en el norte del Gran Buenos Aires, el policía Hugo Alberto Cáceres, salió por televisión para mostrar los dientes.
"El problema (de la policía) es tener los títeres que tenemos como jefes. Son cagones. Ellos sí que son delincuentes. Eso es lo que hay que investigar", dijo ante las cámaras de América TV, en declaraciones levantadas por Página/12.
También aseguró: "El vicio mío es ser policía". Agregó que es "policía las 24 horas" e insistió en "llevar la policía en el alma".
Cáceres, además, se preguntó: "Pueden decir que tengo 16 muertos, como dice la concejal (Carmen) Salcedo. Pero ¿cuándo pude haber matado chicos, estos chicos que matan tanta gente por ahí?".
En una entrevista con el matutino porteño, el propio ministro de Seguridad bonaerense, Luis Genoud, salió con una respuesta al tono: "A los culpables les vamos a cortar la cabeza", porque en la Policía "no hay lugar para los que creen que el arma es su tercer huevo", aseguró. Y agregó: "No vengo a bancar ninguna cabronada de nadie".
Cáceres, junto al resto de los policías mencionados en el informe de la Procuración, fue pasado a disponibilidad preventiva, sanción que lo deja fuera del servicio hasta que la Justicia determine su responsabilidad. |
La Procuración indica que el
automóvil en que se movían Cáceres y Puyo, un Chevrolet Monza blanco,
pertenecería a la agencia de seguridad privada Tres Ases S.R.L., donde Cáceres
realiza tareas de vigilancia.
El informe cita el testimonio del periodista Julio Moyano, quien vive en Don
Torcuato. Moyano afirma que Cáceres "es querido por la propia fuerza y por
los vecinos del lugar", quienes aseguran —dice el periodista— que es un
"policía modelo que nos libera de los chorros". Además, sostiene que
Cáceres "designó a una vecina de nombre Irma, que era puntera política
del partido de Patti, que es la que sale a cobrarle a los vecinos a razón de 30
pesos a cada uno".
El periodista, asimismo, denuncia que en la zona hay ex militares que apoyan a Cáceres
y que uno de ellos es un ex cabo 1° de la Armada, integrante del grupo de
tareas que operó en la ESMA.
Caso Blanco
Angel Fabian Blanco, de 16 años, murió en un supuesto enfrentamiento con la
Policía el 1° de noviembre de 2000. El 25 de febrero de ese año había sido
detenido, imputado de tentativa de homicidio y abuso de armas. Tres días más
tarde, en ocasión de ser indagado, denunció que en la comisaría de Don
Torcuato lo habían golpeado.
En la UFI N°1 de San Isidro se abrió una causa por los golpes y en julio se
libraron oficios para citar a declaración testimonial a Blanco, que ya estaba
en libertad. Las notificaciones las debían hacer la Dirección de
Investigaciones y la comisaría de Don Torcuato, pero ninguna llegó a destino.
El 1° de noviembre de 2000 el joven murió sin poder declarar.
Blanco fue abatido en un supuesto enfrentamiento con los policías Hugo Alberto
Cáceres y Horacio Gallardo, quienes lo sorprendieron durante un robo y le
dieron cuatro tiros.
La muerte comenzó a ser investigada recién en enero de 2001, cuando la madre
de Blanco realizó la denuncia en la fiscalía de Molina Pico, titular de la UFI
N°7.
El informe de la Procuración destaca que «en el acta de procedimiento del
enfrentamiento los policías Cáceres y Gallardo no reconocen al menor, siendo
que con el mismo habían mantenido sendos enfrentamientos en días anteriores y
que el menor era muy conocido en la comisaría local por sus entradas a la misma».
También reseña las irregularidades de la investigación: «No hay ninguna
pericia sobre las ropas del menor, a fin de determinar la distancia de los
disparos» y «no se encuentra agregado informe de la pericia balística de las
armas secuestradas y de la vaina secuestrada (hubo una balacera y solamente se
secuestró una vaina)».
El equipo de la Procuración entrevistó a la víctima del robo, un hombre de
apellido Teverovsky, quien aseguró que «al menor lo terminó de rematar Cáceres».
Caso Vera Pintos
David Elías Vera Pintos también tenía 16 años cuando murió en un supuesto
enfrentamiento con la Policía. El sargento Omar Horacio Olivera y el cabo
Fabrizio Gabriel Mazzuchelli, pertenecientes al Comando de Patrullas de San
Isidro, declararon que el 7 de marzo de 2001 interceptaron un Gol con cuatro
ocupantes, quienes les dispararon. Se inició así una persecución, hasta que
las personas que iban en el Gol se bajaron del auto y corrieron. Uno de ellos
era Vera Pintos que, según los policías, se entregó herido y con un arma en
la mano. Poco después, murió en el Hospital Zonal de Boulogne por la gravedad
de las heridas.
El cuerpo tenía cuatro impactos de bala y un orificio de salida, pero sólo se
halló un solo proyectil, que no fue apto para periciar. Las ropas que llevaba
puestas desaparecieron.
El informe de la Procuración señala que «hay una testigo, la señora Tebes,
que declara que el menor fue acribillado, que vio cuando el menor estaba como
recostado en los asientos delanteros del vehículo y que se acercó el policía
y lo remató a tiros, a pesar de que el menor tenía los brazos levantados».
También indica que hay otro testigo que «habría visto también cuando lo
mataban al menor».
Los investigadores se permiten una reflexión: «En este tema, al igual que los
otros casos, siempre los policías dan su versión que es distinta a la de las víctimas.
Y en las causas no hay ninguna pericia ni realizada ni pedida, tendiente a
determinar si los menores en realidad estaban armados».
Casos Salto y García
Juan Teodoro Salto tenía 18 años cuando murió en un supuesto enfrentamiento
con la Policía el 18 de agosto pasado. Fue sorprendido por los policías Juan
Esquivel y Enrique Chacón, del Comando de Patrullas de Tigre, después de un
robo.
Según la víctima del atraco, Juan Ramón Portillo, los policías dispararon
luego de haber dado la orden de alto dos veces y de que el joven les respondiera
con tiros.
Juan Salto, que recibió tres disparos, era amigo de Fabián Blanco, el joven de
16 años muerto después de denunciar apremios ilegales.
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Sumariados
Una fuente de la Procuración aseguró a Espacio
Abierto que se van a abrir sumarios a algunos de los fiscales
intervinientes en estos casos, «debido a la impericia demostrada durante
las investigaciones».
La fuente dijo también que «el buen accionar de las instituciones
demuestra que los chicos son recuperables. Hay dos pibes en el sistema de
protección de testigos, que antes se drogaban y salían a robar. Ahora,
protegidos y alimentados en una casa, esos chicos no se drogan más y van
a la escuela y les va muy bien». |
Al igual que en los otros casos, la única bala hallada no fue peritada.
El informe destaca que «el
numerario Esquivel (quien efectuó los disparos) está en compañía del cabo
Chacón (...) siendo los mismos del caso García».
Leandro García, de 16 años, falleció el 30 de enero pasado. Su compañero
Juan Roberto Ezequiel López, quien fue ingresado al sistema de protección de
testigos, declaró que «se estaban drogando con pegamento, momentos en los que
escuchan disparos, y cuando llega la Policía los agarran. Al dicente le tapan
la cabeza con su remera y a su amigo se lo llevan y escucha cuando les dice:
‘No me mates que me están esperando mi mamá y mis hermanos’ y luego de
esto escuchó los disparos».
(*) Secretario de Prensa de la APDH La Plata
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