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Espacio Abierto
Edición digital
Entre
el conflicto que pasó y el que viene
La Universidad
en la encrucijada
Administrar el ajuste ya no es una opción, y los distintos sectores de la comunidad universitaria se ven obligados a salir del gris preponderante de los últimos años.
Por Pablo Antonini (*)
Nominalmente, la Universidad Nacional de La Plata tiene un presupuesto de 100 millones que está muy por debajo de los 120 que necesitaría para funcionar de forma más o menos digna. Y realmente recibe menos todavía: desde 1999, el Estado viola sus propias disposiciones presupuestarias reteniendo las partidas destinadas a Infraestructura y Funcionamiento, y acumula ya una deuda que ronda los 13 millones de pesos. Si a esto le sumamos el 13% producto de la ley “déficit 0” y, sobre todo, el más que probable nuevo recorte que incluiría el presupuesto nacional 2002, tenemos un panorama dramático que explica acabadamente los conflictos que pasaron y los que vendrán.
La receta no es nueva, sino que sigue el mismo patrón empleado para privatizar las empresas públicas a principios de la década pasada: a) desfinanciar a la institución, obligándola a funcionar en condiciones precarias; b) acusar recibo de esas condiciones señalando el “deterioro” de la enseñanza y c) plantear como única salida la apertura al financiamiento externo para “modernizar” y hacer “eficiente” la educación pública, incluyendo aportes estudiantiles y de capitales privados (que vienen a condición de que determinados planes de estudio se acomoden a sus necesidades). Agréguese una cucharada de complicidad interna con esta política, revuélvase bien y déjese, en lo posible, dentro de algún freezer para que no explote. Sin embargo, y como se comprobó estos meses, el caldeado clima del país hace difícil este último paso.
¿Cuál es la respuesta sistemática que vienen dando las sucesivas autoridades universitarias a este ataque? La política del parche. En los últimos años, el agujero presupuestario se está cubriendo con la retención de los aportes patronales a los trabajadores docentes y no docentes. El obvio impacto que esto puede tener sobre los futuros jubilados de la Universidad parece un costo demasiado alto para perpetuar un presente precario, en el que a algunas facultades ya les llegaron a cortar el suministro de gas natural por falta de pago.
A su vez, toda medida que llega desde arriba como parte del paquete es siempre aceptada y, en el mejor de los casos, suavizada un poco. Un caso paradigmático de esto último fue la Evaluación Externa impulsada por la CONEAU (Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria). Este organismo tiene la función de acreditar las distintas carreras públicas de grado y posgrado aún cuando sólo cuatro de sus doce miembros representan a las universidades nacionales. El marco teórico de esta Evaluación no es otro que el planteado por el Banco Mundial en su ya clásico documento “Hacia una redefinición estratégica de la Educación Superior en América Latina y el Caribe”, que desde su divulgación hace tres años se ha transformado casi en una biblia para los altos “estrategas” de las políticas universitarias en Argentina. La única respuesta que balbuceó la Universidad a esto fue incluir para su implementación una primera etapa de Autoevaluación en el mismo paquete, con escasas posibilidades de incidir en el resultado final.
Los ejemplos siguen y son muchos, pero todo esto va a terminarse dentro de poco. Ya no hay plata ni para emparchar agujeros, ya no quedan ni siquiera pequeños diques de contención para seguir poniendo cada vez más atrás. Hoy en día, la Universidad que tenemos no es la que queremos, pero tampoco es la que necesita el neoliberalismo imperante. O se la defiende para transformarla o se la entrega con un moño, y así lo van entendiendo paulatinamente todos los sectores que se están encolumnando de un lado o de otro.
La tibieza, según define el subcomandante Marcos,“no perdura. O se calienta o se enfría”.
(*) Estudiante de
Periodismo y Comunicación Social - UNLP
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