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La querella por violación de
los derechos económico sociales
Juicio al sistema
económico «genocida»
El jurista Alberto Pedroncini explicó en el Encuentro de Neuquén los detalles de la causa en la que cuatro víctimas enjuician al sistema.
Por Lucas Miguel (*)
Pedroncini llamó a "recoger prueba de la pobreza",
para alimentar la querella (Foto: FM) |
Cuatro ciudadanos indigentes de una villa miseria del Gran Buenos Aires se sentaron ante el juez Juan José Galeano.
Los empleados del juzgado guardaban un silencio respetuoso, casi de asombro. El secretario tomaba nota.
—¿Usted cómo se alimenta? —preguntó el juez.
—De una olla popular.
—¿Tiene asistencia médica?
—Ninguna.
—¿Qué enfermedad tiene su madre?
—Lepra.
El diálogo y su contexto fueron recreados por el jurista Alberto Pedroncini en la conferencia que brindó en Neuquén, en el marco del Tercer Encuentro Nacional de Derechos Humanos. Pedroncini expuso la argumentación y los alcances de la querella por violación a los derechos económico sociales que presentaron cuatro habitantes de una villa de Ingeniero Budge, patrocinados por el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH) y el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj), contra los funcionarios de gobierno, los bancos y las calificadoras de riesgo que participaron de la operación financiera denominada Megacanje, y contra el ex presidente del Banco Central, Pedro Pou, por el cierre de varios bancos durante su gestión.
La acusación concreta es por los delitos de "subversión económica, tratos inhumanos, crueles y degradantes y lesiones graves a la integridad física y mental de grupos nacionales, o sometimiento de ellos a condiciones de existencia que pueden acarrear su destrucción física, total o parcial". En síntesis, los cargos son: "subversión económica, genocidio y torturas".
Subversivos
El escrito de la querella sostiene que la deuda externa contraída durante la última dictadura militar y en la década del ’90, las privatizaciones, y la concentración del capital financiero "y de los bancos en particular", "han colocado al Fondo Monetario Internacional, a los grandes Bancos, y a las calificadoras de riesgo, en condiciones de imponer ilícitamente sus decisiones e intereses prescindiendo de la soberanía del Estado argentino y del derecho de libre determinación de su pueblo, con generación de un gravísimo daño que tiene sus expresiones más agudas en la exclusión social como agresión y en la reducción sistemática a la pobreza como resultado".
En esta línea, el delito de subversión económica que se le imputa a Pou y a los presidentes de los bancos y calificadoras de riesgo se fundamenta en dos hechos: el cierre de bancos, responsabilidad del Banco Central, y el canje de deuda pública en el marco de la operación financiera denominada Megacanje, "mediante el cual el Estado Nacional sustituyó títulos de la deuda pública por 19.000 millones de dólares, pagando tasas superiores al 15 % de interés anual (calificadas de ‘ruinosas’ por el propio Ministro de Economía)".
Esta operación —liderada por los bancos JP Morgan y Credit Suisse First Boston— "fue acompañada por el pago de comisiones por 160 millones de dólares a grandes Bancos, que en muchos casos tenían en cartera los títulos que se canjeaban (de donde resulta que no existía servicio de intermediación alguna en tales casos)", sostiene la querella.
Y concluye que "la conjunción de ambos procesos —el cierre de bancos y el canje de deuda— condujo a una abierta especulación con títulos de la deuda pública, que exhibe claramente la presencia del delito de subversión económica".
Genocidio y tortura
Según explicó Pedroncini en el Tercer Encuentro Nacional, "cuando se cobran intereses usurarios y eso lleva a la pobreza, estamos en la necesidad de impedir que personas sufran las consecuencias. Esto es una forma de genocidio, ya que expone a seres humanos al deterioro físico y psíquico".
En este sentido, el jurista remarcó que "la Convención contra la Tortura incorpora el trato inhumano y degradante" y que "la reducción a la pobreza es eso".
Alberto Pedroncini, al desarrollar los
detalles de la querella en el Encuentro de Neuquén. (Foto: AV)
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La querella rescata una disposición del Pacto sobre Derechos Sociales, Económicos y Culturales suscripto por la Argentina, que establece que "en ningún caso un pueblo puede ser privado de sus medios de subsistencia".
De la violación de este principio, entonces, se deriva el delito de genocidio, en la medida en que existen "grupos nacionales que son objeto de una gravísima lesión a sus derechos socioeconómicos por un sistema que los excluye del mundo del trabajo, la educación y la salud. Y nadie se incorpora voluntariamente al grupo de los socialmente excluidos y reducidos a pobreza, ni nadie puede salir voluntariamente de tal condición. Hay en ello una trágica estabilidad", indica el escrito.
A esta situación se ha llegado por la aplicación de la política económica. Dice la querella: "Entre 1992 y el 2000 la expansión del gasto público tiene como principal rubro, un 61%, el incremento de intereses de la deuda. Esto explica que —en términos absolutos y relativos— la orientación del gasto público ha privilegiado los compromisos derivados de la deuda externa por sobre todo cualquier otro gasto público del Estado nacional, ya se trate de gastos corrientes (sueldos de los trabajadores, gastos de funcionamiento, salud, educación, seguridad, etc.) como gastos de capital".
Pedroncini explicó que los cuatro querellantes son "representantes simbólicos de la situación que padece nuestro país" y resaltó que "esta es la primera vez que las víctimas enjuician al sistema". Por esto, convocó a los organismos de Derechos Humanos a recoger prueba de la pobreza creciente en todo el territorio nacional para presentarla ante los tribunales.
(*) Prosecretario de
Prensa
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