Espacio Abierto
Edición digital

Entrevista con la abogada de los piqueteros salteños

"El sustento es la declaración de un discapacitado torturado"

Mara Puntano, abogada de los tres dirigentes salteños detenidos en General Mosconi, dice que el juez Cornejo mantiene en secreto la causa. Y que los detenidos luego de la represión fueron golpeados y torturados.

Por Francisco Martínez (*)

Puntano: "El juez armó un plan maquiavélico" (Foto: Archivo APDH)

Mara Puntano es la abogada del Movimiento por los Derechos Humanos de Salta. Junto a un grupo de colegas comenzó a defender a los piqueteros salteños, a quienes un Poder Judicial con resabios dictatoriales acusa de sediciosos, es decir, golpistas. Cuando, una vez más, estalló el conflicto con la represión y la muerte en el norte de la provincia, ella ya estaba luchando: a principios e junio el juez Abel Cornejo encarceló a los dirigentes José Barraza, César Rainieri y Antonio Gil.

Los acusaba del delito de "sedición", por cortar la ruta 34. Después, amplió los cargos contra los dirigentes "Piquete" Ruiz y "Pepino Fernández", a quienes acusa de formar una asociación ilícita.

La abogada reveló que el juez tiene en secreto de sumario la causa desde hace un mes, y que el sustento es la declaración de un discapacitado mental que fue torturado, y cuya acta de declaración fue firmada por un gendarme.

—Hay tres personas detenidas que son Barraza, Raineri y Gil. A ellos ya se les dictó la prisión preventiva.
—Sí, son presos políticos, por ser militantes del Partido Obrero. No existe causa legal alguna para que estén detenidos, puesto que el artículo 316 del Código Penal les permite concederles el beneficio de la excarcelación: por no tener condenas anteriores y la pena de los delitos que se les imputa (que son entorpecimiento de las vías de comunicación terrestre, apología del delito y sedición) permite que se les conceda la excarcelación. Sin embargo el juez, dando argumentos políticos, diciendo que en caso de dárseles la libertad ellos volverían a cometer el delito de interrumpir las vías de comunicación, deniega la excarcelación. El corte empezó el 30 de mayo. Primero fue detenido José Barraza, el 4 de junio. Después se hace una manifestación pidiendo la libertad y ahí sacaron fotos e individualiza-ron a Gil y a Raineiri y los detienen. Al doctor Vladimiro Santich, que es del MTS, también le sacaron fotos cuando estaba sentado bajo un árbol, y como tiene un preinfarto y le dijimos al juzgado que se hacía cargo (de lo que le pudiera pasar), lo liberaron.

—¿Sigue habiendo secreto de sumario?
—Sí, sí. Seguimos sin conocer la causa y ya son 12 cuerpos. Yo estoy en la causa desde el 4 de junio y ya estaba el secreto.

—¿Está causa está conectada o es la misma que la que se instruye por la muerte de Aníbal Verón o es otra?
—No es la misma. Pero el juez, para "armar" en un plan maquiavélico el delito de sedición y la asociación ilícita, con la que él quiere criminalizar a los luchadores sociales, une las dos causas y dice que hay una organización armada. Cuando son dos hechos independientes.

—¿Qué fue lo que contó la gente que estuvo detenida después de la represión del 17 de junio?
—De los 56 detenidos que hay después del 17 de junio, 55 fueron golpeados. Todos, todos, absolutamente. Durante el momento de la detención y del traslado. Y varios de ellos fueron picaneados. Desde menores de 13 años hasta hombres de 53, todos golpeados. A un camarógrafo de un videocable local le quebraron el brazo. La Gendarmería excedió sus facultades, penetraron dentro del pueblo, hicieron allanamientos ilegales, amenazaron de muerte a la gente. Porque los detenían y pedían: 'Decí dónde están las armas, vos podés desaparecer y nadie se va a enterar'. Les ponían la pistola en la cabeza, les pretendían ahorcar con las remeras. La declaración base del juez para sustentar la causa es la de un discapacitado mental quien declara a base de torturas —tiene la oreja cortada, costillas quebradas, hematomas en la cara y en la espalda—. Él no sabe leer ni escribir ni firmar. Sin embargo, hay un acta en la Gendarmería donde un gendarme firma por él.

—¿Eso fue una declaración indagatoria?
—No, le hacen firmar un acta donde dice que todos los cabecillas están armados, dónde están las armas, las municiones. Pero era un discapacitado mental: la misma madre nos aportó las pruebas de que cobra una pensión por discapacidad. Ese es el sustento jurídico del juez.

—¿Es la única prueba que el presenta como que habría gente armada?.
—Sí, es en base a esa declaración y la de un vecino que dice que lo obligaron a que dejara pasar a su casa a un grupo de gente que desde el fondo tiraba a la Gendarmería. Pero no dan el nombre ni nos permiten examinar esas pruebas. Ya son 12 cuerpos y todos en base a informes de Gendarmería que el juez está avalando. Y todo a base de torturas.

—¿Se hizo una denuncia por estas torturas?
—Sí, hay diferentes denuncias. Está la causa por la muerte de Santillán y de Barrios, que ninguno de los jueces se quería hacer cargo de los muertos y la Cámara dijo que le correspondía a Cornejo porque él dio la orden de la represión y dio la orden del cambio de balas: de las balas de goma a balas de plomo. Después, hay otra por las torturas. A los que venían a declarar al juzgado luego los llevábamos a la Fiscalía a que hagan las denuncias. Y después hay mucha gente dentro del pueblo que no tiene dinero para venir a Salta capital. Por lo que los llevamos a un hospital y les hicimos certificar las lesiones. 

—Lo que pasa es que el mismo juez que ordenó la represión es el que está investigando las consecuencias de esa represión.
—No, esa causa la pasó el fiscal al juzgado 2 (de Miguel Medina) pero también se están peleando por quién va a investigar eso. Pero tenés razón, no tenemos ninguna esperanza de Justicia si el mismo que ordenó la represión va a tener que investigar esto.

(*) Secretario de Prensa

Ir arriba